El funcionamiento de un contrato inteligente puede entenderse como una secuencia de estados. Un usuario o sistema envía una transacción; la red ejecuta la función solicitada; se comprueban las reglas; y, si se acepta la operación, se registra el nuevo estado. La red y el estándar de ejecución definen los costes y los límites de este proceso.

Las funciones públicas, privadas y administrativas deben tener permisos explícitos. También es habitual registrar eventos para que las aplicaciones y las herramientas de monitorización puedan hacer un seguimiento de lo ocurrido sin necesidad de leer todo el estado interno del contrato.

Los contratos inteligentes no conocen automáticamente cualquier hecho del mundo real. Cuando necesitan precios, documentos o eventos externos, dependen de una capa de integración. Esta dependencia debe analizarse, ya que puede convertirse en un punto crítico de confianza y disponibilidad.

En la práctica, la calidad de la implementación depende del conjunto: requisitos, arquitectura, código, pruebas, gestión de claves, monitorización y operaciones. Un contrato bien escrito no elimina los riesgos si el proceso que lo rodea sigue sin estar definido.